Sí, esa fue la situación que se vivió en el Ecuador el jueves de la semana que termina cuando de manera insólita, y en un acto sin precedentes en su historia política, miembros de la institución policial protagonizaron protestas y actos violentos que, en el caso de la ciudad de Quito, llegaron incluso a la agresión y retención del Presidente de la República, cuya liberación por parte de miembros del ejército provocaría el lamentable costo humano de varios heridos y un muerto.
A través de ese acto de insubordinación, los encargados de velar por el orden y la seguridad paradójicamente, y en una escena casi de realismo mágico, se convertirían durante horas en los provocadores del desorden y la inseguridad, situación esta última expresada en robos y saqueos realizadas por los delincuentes.
Si bien desde, la perspectiva gubernamental, estos acontecimientos serían explicados como una manifestación de afanes golpistas por parte de un sector de la oposición política; sin embargo, y sin descartar el aprovechamiento que de los mismos podía haber buscado este sector, hay que resaltar que lo vivido el jueves sería principalmente la expresión violenta de la inconformidad, que viene acumulándose en varios sectores sociales, con una conducta gubernamental poco afecta a procesar las demandas y los conflictos sociales a través de mecanismos democráticos como el diálogo, los consensos y la negociación.
En este sentido el veto del Ejecutivo a Ley de servicio público, aprobada por una amplia mayoría de la Asamblea (108 votos), al tiempo que evidencio el afán del Presidente de la República por imponer su criterio, se convirtió en el pretexto para el inaudito alzamiento policial. Ese mismo afán estuvo tras el veto a la Ley de educación superior, a pesar de que el proyecto enviado al Ejecutivo fue el producto de un acuerdo logrado en la Asamblea luego de casi dos años de debate.
En todo caso, a pesar de los vejámenes sufridos por una exposición innecesaria ante una masa policial enardecida, el Presidente Correa ha salido bien librado del infeliz suceso, el mismo que, en otras circunstancias políticas, podía haber degenerado ciertamente en su derrocamiento. Su mayor fortaleza, sin duda, sigue siendo el gran apoyo social que todavía mantiene. Pero, ojo, su autoridad sale afectada y lo acontecido denota la fragilidad institucional que se sigue viviendo en el país. En este marco, el Presidente tiene la oportunidad de modificar la intransigencia en su relación con ciertos sectores sociales populares y crear el escenario para desarrollar en el Ecuador una verdadera democracia participativa.
Fuente: Editorial del Mercurio de Cuenca
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