Por cierto, es indispensable mantener la completa vigencia de la constitucionalidad; mantener el principio de la democracia que garantiza los derechos fundamentales de la colectividad y de las personas, y, desde luego, volver lo más urgente posible a la tranquilidad.
La rebelión de un importante grupo de la Policía Nacional en servicio activo, para protestar por algunas reformas legales que se refieren a garantías tradicionales de sus miembros en lo que respecta a condecoraciones por ascensos, regalías y ciertos privilegios, constituye la más grave crisis política que ha afectado al actual Gobierno constitucional. Este hecho, además, tuvo manifestaciones muy peligrosas, como la agresión verbal y física al Presidente de la República que acudió al Cuartel de Policía de Quito, núcleo principal del movimiento de protesta, se trató de impedir que salga del recinto, lo que pudo realizar solo escalando un muro y luego fue víctima de lo que el propio Presidente llamó secuestro en una de las habitaciones de la clínica de la misma institución policial, forman un cuadro más allá de alarmante, pues se violan no solo normas legales, sino derechos y fueros del Primer Mandatario, habiéndose declarado en difíciles circunstancias el Estado de excepción. Todo eso es consecuencia de una rebelión del cuerpo uniformado encargado del orden y la seguridad pública, que agrava muchísimo más el cuadro.
Por otro lado, la rebelión dejó a ciudades como Guayaquil y Quito sin resguardo policial, con lo cual tuvieron que cerrarse establecimientos comerciales y bancos, pues hubo un principio de saqueo que suspendió los servicios públicos, como el transporte urbano.
Por cierto, es indispensable mantener la completa vigencia de la constitucionalidad; mantener el principio de la democracia que garantiza los derechos fundamentales de la colectividad y de las personas, y, desde luego, volver lo más urgente posible a la tranquilidad. Por lo pronto, y en virtud de la declaración de emergencia, se han suspendido las garantías y ha intervenido en todo el sistema radial y televisado del país, obligado a transmitir una cadena nacional indefinida, bajo la supervisión del propio gobierno.
Ante esta situación, la reflexión se impone: resalta la necesidad del diálogo, la comunicación que vincula a gobernantes y gobernados, de lo cual surge la comprensión. El bien del país está por encima de todo.
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