Berlín presiona para acelerar las quitas en futuras crisis bancarias

¿Puede quebrar un banco? ¿Debe rescatarse siempre cualquier entidad financiera con dinero público? Esas cuestiones planean sobre la política económica internacional desde la bancarrota de Lehman Brothers. Y han cobrado actualidad de nuevo tras la crisis de Chipre, resuelta con un rescate en el que se deja quebrar un banco y se imponen pérdidas a los accionistas, los poseedores de todo tipo deuda (incluida la de máxima calidad, intocable hasta ahora) e incluso los depositantes de más de 100.000 euros, después de haber flirteado con castigar también a los de menos de 100.000 euros, asegurados —en teoría— a prueba de bombas.

 La UE trabaja en una nueva caja de herramientas para lidiar con futuras crisis bancarias sin recurrir solamente a los contribuyentes en esa misma línea, aunque con un horizonte relativamente lejano. Pero los países más fuertes, encabezados por Alemania, han conseguido que Chipre sea la demostración de que ese será, más temprano que tarde, el modelo a seguir. Tras las controvertidas declaraciones del presidente del Eurogrupo, Jeoren Dijsselbloem, que apuntan en ese sentido, fuentes europeas explican que Berlín, junto con Gobiernos como el holandés, presiona para acelerar todo lo posible esa fórmula para resolver crisis financieras.

Un portavoz del Ejecutivo alemán confirmó ayer que esa es una línea de trabajo en la que insiste el equipo de la canciller Angela Merkel desde el año pasado.

Bruselas no consigue desenredar el lío en el que anda metida la eurozona desde hace 10 días. Tras el primer acuerdo —fallido— sobre Chipre, se desató la alarma por el hecho de que todos los depósitos tenían que arrimar el hombro para solucionar una crisis “excepcional y única”, que incluía un sector financiero sobredimensionado y sucio, con algo más que sospechas acerca del dinero negro ruso. Finalmente, pagarán solo los depósitos no asegurados, pero también los accionistas y los acreedores, siempre con abundantes alusiones reiteradas a la “excepcionalidad” de Chipre. Bruselas insistió ayer en esa letanía del caso “excepcional” chipriota. Pero una portavoz de la Comisión recordó que las instituciones europeas trabajan desde hace meses en una caja de herramientas para luchar contra futuras crisis financieras que coincide con el experimento de Chipre.

La UE debería tener en marcha la normativa para permitir ese tipo de quitas para 2018, dentro de un movimiento de mayor alcance, que incluye un fondo de garantía para cerrar entidades, pero también todas las patas de la unión bancaria: el supervisor único, la recapitalización directa de bancos por parte del mecanismo permanente de rescate, un fondo de resolución europeo y un fondo de garantía de depósitos comunitario. La filosofía está clara y es compartida por todos los socios del euro: los líderes europeos pusieron negro sobre blanco, en la cumbre de junio, que si un banco tiene problemas “la respuesta ya no será automáticamente que nosotros [los Estados] nos hagamos cargo de esos problemas”. Se trata de romper el círculo vicioso entre la deuda pública y la banca; de acabar con la relación incestuosa entre los Gobiernos y las finanzas.

Berlín y los países del club de la Triple A insisten en adelantar a 2015 los nuevos poderes de resolución de crisis bancarias que quiere la Comisión. Y Dijsselbloem —tal vez más como ministro holandés que como líder del Eurogrupo más que apoyado por Alemania— siguió esa línea argumental al sugerir que Chipre servirá como guía. El BCE y varias capitales lanzaron ayer duras críticas al holandés por esas declaraciones, de las que se ha retractado chapuceramente. Ante el ataque de sinceridad del presidente holandés del Eurogrupo, la reacción de los mercados —que saben de las presiones alemanas— obedece al hecho de que la banca europea, especialmente en los países con problemas, corre el riesgo de que sus clientes salgan corriendo.

Los portavoces alemanes se esfuerzan por separar el grano de la paja, desmintiendo cualquier parecido entre Chipre y otros casos, y descartando cualquier riesgo para países como España. Chipre es un caso simpar, insisten en Berlín, porque sus bancos apenas tenían nada más que depósitos. España, por el contrario, cuenta con dinero suficiente para recapitalizar sus bancos —100.000 millones, de los que ha pedido 40.000— gracias al rescate financiero europeo. Alemania da el problema español por superado, y el ministro Wolfgang Schäuble insiste en avanzar hacia la unión bancaria europea repartiendo las responsabilidades en la prevención de futuros problemas bancarios. Tanto el partido de Merkel (CDU) como los socialdemócratas y los Verdes, con las elecciones a la vuelta de la esquina, están de acuerdo en que el tabú de que los bancos no pueden quebrar debe caer. Y para ello coinciden en que hay que hacer pagar a quienes tomaron riesgos a cambio de jugosos intereses.

Hay, aún así, un problema de tempo. El BCE ha insistido siempre en que ese 2018 para las nuevas reglas está demasiado lejos. Y, sin embargo, en la quiebra reciente del holandés SNS impidió que Dijsselbloem castigara la deuda sénior: pagaron accionistas y poseedores de deuda de mala calidad, pero el Eurobanco impidió a las autoridades holandesas traspasar esa línea, como sucedió también con las cajas españolas. La legislación acabará llegando, pero tanto el BCE como la Comisión apuntan que es clave el ritmo con el que se imponga esa reforma: con algunos países en plena reestructuración o con problemas a la vista, los llamamientos a acelerar ese proceso legislativo “corren el peligro de conseguir una fragmentación aún mayor del sistema financiero europeo”, según una fuente europea. En plata: es un torpedo para la línea de flotación de los bancos bajo sospecha, muy concentrados en los países que peor lo están pasando.

La chapucera gestión de la crisis chipriota ha abierto varias heridas. Incluso dentro del consejo del BCE: “Mario Draghi [su presidente] desapareció del Eurogrupo hace 10 días porque sabía que podía aprobarse un castigo que no le gustaba, impuesto por el FMI y Alemania. Y Jörg Asmussen [miembro del consejo de gobierno y exasesor de Merkel] fue quien se quedó y cocinó el pacto”, apuntan fuentes del Eurogrupo. “Las diferencias entre Draghi y Asmussen son evidentes”, según las mismas fuentes, que apuntaban además el malestar en varios países —Francia, Italia y España— por las declaraciones de Dijsselbloem. “El comunicado del Eurogrupo se pactó palabra por palabra, línea por línea. Luego Dijsselbloem, al día siguiente, se saltó ese mandato, en lo que parece un comportamiento inaceptable, aunque se haya retractado y alegue que le han malinterpretado”, cierran las citadas fuentes.

FUENTE: EL PAÍS DE ESPAÑA