Cristina Kirchner dispuso ayer el cambio de toda la cúpula de las Fuerzas Armadas, lo que involucra a todas las autoridades del Estado Mayor Conjunto, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Sin embargo, el cambio que llama más la atención es el reemplazo del teniente general Luis Alberto Pozzi en la jefatura del Estado Mayor General del Ejército por el polémico general de Divisón César Milani. El cambio representa sin dudas un triunfo de la línea del CELS y de la ex ministra de Seguridad, Nilda Garré, quien siendo titular de Defensa, tejió una íntima amistad con Milani. Estando al frente de la Defensa, el ahora ministro de Seguridad, Arturo Puricelli, remitió el legajo de Milani, que era vicejefe del Ejército y jefe de inteligencia de la fuerza, algo inédito por ocupar esos dos puestos, al fiscal de Tucumán que investiga los crímenes de lesa humanidad en el Operativo de represión Independencia de 1975.
Milani fue siempre el candidato de la ahora postulada a representante ante la OEA, Garré, para ser jefe del Ejército en reemplazo de Pozzi. En cambio, Puricelli se inclinaba por otros candidatos. Rossi tampoco habría sido partidario de ese ascenso.
La buena estrella de Milani en este Gobierno pone sobre la mesa la cuestión de cómo para el oficialismo hay militares que estuvieron con la dictadura y que “son buenos” y otros que “malos”. Los antecedentes militares de Milani fueron solicitados el 18 de marzo pasado por el fiscal federal de Tucumán. Con su legajo, un fiscal tucumano debía decidir si lo imputaba o no de haber participado en el Operativo Indepedencia y haber cometido violaciones a los derechos humanos. En el legajo de Milani sólo se afirma que era subteniente especializado en inteligencia en el Batallón de Ingenieros de Construcción 141 con sede en La Rioja, pero en comisión en Tucumán. Por ese destino se lo relaciona con el plan represivo que comenzó en 1975 comandado por el general Acdel Vilas hasta que en diciembre de 1976 cuando fue reemplazado por el hoy fallecido general Antonio Bussi, procesado por delitos de lesa humanidad.
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